En Chile el proceso de privatización de las empresas públicas proveedoras de agua en los años 70 y 80, tuvo como resultado un aumento de las tarifas. En consecuencia, surgió un debate nacional sobre el acceso del sector de menores ingresos de la población a los servicios de agua. Incluso antes de la privatización se reconocía la necesidad de un aumento tarifario que fuera gradual a fin de no generar circunstancias que eventualmente dificultaran su implementación. Con la finalidad de asegurar que toda la población pudiese acceder a este servicio básico, el Estado y sus instituciones relacionadas con el sector sanitario diseñaron un mecanismo dentro de la estructura regulatoria y normativa que protegiera a los hogares o grupos más vulnerables o pobres y en consecuencia Chile adoptó un sistema de subsidios al consumo de agua potable (SAP).
El objetivo de este sistema de subsidios fue focalizar esos recursos hacia quienes efectivamente los necesitaban. Con este propósito, fueron impuestas algunas condiciones y requisitos legales necesarios para acceder a estos subsidios.
Esta situación también fue posible dado el nivel de desarrollo del país, donde una parte importante de sus habitantes contaba con ingresos suficientes que les permitían pagar los servicios básicos de abastecimiento de agua sin requerir de apoyo o ayuda adicional, lo que permitió que Chile adoptara un sistema de subsidios dirigido a los grupos sociales más vulnerables.
En 1989 se dictó la Ley N°18.778, que estableció un subsidio al pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas (servicios sanitarios). Esta ley surgió con el fin de complementar la ley de tarifas de dichos servicios, que comenzaría a tener aplicación práctica a partir de 1990. La ley de tarifas implementó un régimen tarifario de autofinanciamiento que buscaba incorporar en las tarifas los costos de operación, mantenimiento e inversión en que incurren las empresas prestadoras del servicio sanitario. Tales costos se determinan por ley periódicamente en base a la operación eficiente de los servicios; sin embargo, resultan valores elevados para las familias de escasos recursos. Además, al sumar al cálculo los costos del nuevo servicio de tratamiento de las aguas servidas, resultaba evidente que las familias de menores ingresos enfrentarían grandes dificultades en su acceso a los servicios de agua.
El sistema elegido fue un subsidio directo, focalizado en los consumidores, para garantizar el acceso a un consumo básico de agua potable y servicio de saneamiento en cada hogar.