San José 1 de abril del 2014.- El 31 de marzo del 2014 el Congreso de Costa Rica aprobó en primer debate el proyecto de ley de aguas, después de una ardua negociación.
Costa Rica está entre los primeros cuatro países de la región con mayor oferta hídrica, representando un total de 24,784 m3/ per capita/ año y en donde cerca del 87% de la población cuenta con acceso a agua con calidad potable. Sin embargo, aún hay importantes retos en materia de saneamiento y en llevar agua segura a las más de 500 mil personas que todavía no cuentan con este importante líquido.
Desde hace más de una década los países de Centroamérica han emprendido una ruta por la reforma de su marco institucional hídrico, y uno de los pioneros en este proceso fue Costa Rica. El país tenía una Ley de Aguas de 1942 que no contemplaba los principios de la gestión moderna de los recursos hídricos basada en los principios de Dublín y en la GIRH y se centraba preponderantemente en las aguas superficiales, obviando las aguas subterráneas en un país en donde se estima que el abastecimiento de agua a partir de fuentes subterráneas es del orden del 70%.
Es por ésta razón que desde hace más de 15 años una serie de organizaciones, entre ellas GWP Costa Rica y GWP Centroamérica, motivadas por el interés de dotar al país con una legislación moderna que contribuya de forma efectiva a superar los retos que enfrenta para lograr un uso sostenible del agua, ha realizado esfuerzos para la aprobación de una nueva Ley de Aguas que se base en los principios de la GIRH. Sin embargo es hasta este año que con la culminación este 31 de marzo del periodo de discusión de la Ley de Iniciativa Popular, se abre una importante oportunidad para lograr el consenso entre los diputados y diputadas para dotar a Costa Rica de una nueva Ley de Aguas que establece entre otros aspectos, una rectoría clara para el tema a partir de una evolución en el marco institucional vigente, promueve la participación ciudadana a través de estructuras regionalizadas para la gestión del agua a través de unidades hidrológicas, reconoce el Derecho Humano al agua y al saneamiento, considera modificaciones al otorgamiento de concesiones para el aprovechamiento de aguas para contribuir al usos sostenible de este importante recurso.
Este importante avance en el fortalecimiento de la institucionalidad de la gestión del agua en Costa Rica se debe en gran medida al esfuerzo incansable de una serie de organizaciones miembros de GWP Costa Rica que han estado apoyando técnicamente el proceso desde hace más de 15 años y de forma incondicional en las últimas semanas. Esperamos que con este importante paso Costa Rica siga a la vanguardia de la gestión sostenible de los recursos hídricos en Centroamérica y contribuya a solventar los conflictos que se presentan entre los distintos sectores en el país por el uso de un recurso cada vez más escaso.